Para no olvidar...

A mediados del mes de marzo pasado, el Consejo Nacional de Reparaciones del Perú auspició la inscripción de 500 nuevos nombres de víctimas del conflicto armado interno que desangró el país entre los años 80 y 90, en el monumento de memoria "El ojo que llora". Entre estos nombres figura el de Teófilo Rímac Capcha,
dirigente sindical detenido por efectivos militares en el año 1986, y a quien desde entonces nunca se le ha vuelto a ver. Hace un par de años conversé con su esposa, la señora Doris Caqui, y en esa ocasión me dijo que a lo que aspiraba era a encontrar los restos su esposo y que se hiciera justicia con su asesinato y desaparición. A pesar del tiempo transcurrido esa charla y la que sostuve con otros familiares de víctimas del terrorismo y la violencia de estado, no ha perdido vigencia ya que aún hay mujeres y hombres que continúan en una lucha que nunca buscaron librar. Hoy, la señora Caqui dice sentir algo de consuelo al ver el nombre de Teófilo perennizado en una roca, aunque nunca dejará de aspirar a esa justicia que aún se le hace tan esquiva.
Este es el reportaje…

"QUE ESTE GOBIERNO ME PIDA PERDÓN"

Una mujer cuyo esposo fue detenido y desaparecido durante el primer quinquenio aprista, espera una disculpa pública del Jefe de Estado. La hija de un alcalde asesinado por Sendero Luminoso y cuya vida quedó eclipsada desde entonces reclama una reparación. Dos historias de dolor y olvido oficial que el gobierno debería escuchar.

Han pasado veinte años, pero a Doris Caqui Calixto aún se le quiebra la voz cuando recuerda la noche del 23 de junio de 1986. Efectivos del Ejército allanaron su casa y a viva voz gritaban el nombre de su esposo, el profesor y líder sindical, Teófilo Rímac Capcha. De nada sirvió que Teófilo les mostrara las garantías que el Ministerio del Interior le había otorgado por las sucesivas amenazas que recibía de Sendero Luminoso, ni tampoco los ruegos de Doris, quien estaba embarazada de cuatro meses, ni el llanto
de sus tres pequeños hijos. Igual lo golpearon brutalmente para luego llevárselo detenido al cuartel Carmen Chico de Cerro de Pasco. Esa fue la última vez que Doris vio a su esposo.
Ella insistió tanto en saber el paradero de Teófilo, que la amenazaron y se vio obligada a dejar su casa y su vida en Cerro de Pasco para venirse a Lima, donde la también profesora tuvo que cambiar las tizas por los caramelos que vendía en los micros. Cualquier trabajo era bueno para que sus hijos no murieran de hambre.
En el año 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado en la desaparición de Teófilo Rímac, y se comprometió a investigar los hechos, pero hasta ahora no hay ningún resultado. Su caso fue hecho público en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tribuna a la que acudió para reclamar su justo derecho a una reparación, la que le corresponde al haber sido víctima del conflicto armado interno. Reparación que los documentos oficiales señalan como "una expresión de reconocimiento, de justicia, de dignificación que devuelve la confianza del ciudadano con su Estado".
Doris, hoy presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, medita en silencio cuando le pregunto qué tendría que ocurrir para que por fin se sienta reparada.
"Hasta ahora espero que públicamente me pidan disculpas por haberme dejado sin esposo y a mis hijos sin padre. Que el Presidente de la República me diga: "Señora Doris Caqui, yo le pido perdón por lo que hicieron con su esposo". Eso sería lo más grande", dice Doris.
Y es que más allá de que puedan darle dinero, ayudarla a conseguir una casa o trabajo para sus hijos, que es importante y está contemplado en el Plan Integral de Reparaciones, a lo que ella aspira es a sentirse peruana y merecedora de justicia. Justicia, una palabra que le suena conocida, pero ajena.

Una reparación histórica
Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, dice que el Estado y la sociedad le deben una reparación histórica a aquellos que por razón de su pobreza, de su lejanía de la capital y hasta del color de su piel, no han sido aceptados como peruanos, lo que se hizo evidente en las audiencias públicas que dicha Comisión llevó a cabo.
El doctor Lerner evoca lo que dijo una persona a la que le habían matado a padres y hermanos: lo único que quiero es que algún día me pueda sentir peruano.
"No se trata de poner la cuestión moral sobre otras satisfacciones. La cuestión más profunda es el tratamiento como seres humanos que se merecen esas personas, a las que no se toman en cuenta cuando se legisla o cuando se falla en un juzgado. Personas que en muchos casos son inexistentes porque los registros fueron destruidos o nunca se les inscribió. No hay que olvidar que algunos políticos y autoridades llegaron al punto de pedir ver las partidas de nacimiento de las casi 70 mil víctimas de la violencia. Es un asunto de justicia", dice el ex comisionado.
Precisamente, esa justicia es la que exige Esther Morales, cuyo padre, Emilio Morales Bravo, fue asesinado por Sendero Luminoso en 1989, cuando ejercía el cargo de alcalde del distrito de Pangoa, en Satipo, departamento de San Martín. Ella y sus ocho hermanos tuvieron que huir y esconderse de las amenazas terroristas.
"Al ser hijos de una autoridad asesinada recibimos una pensión y un seguro, pero aun así no me siento resarcida. Me quedé sin casa, he necesitado apoyo psicológico, y encima hace poco, dos de los asesinos de mi padre quedaron en libertad al cumplir quince años en prisión. ¿Usted cree que me siento reparada?", se pregunta Esther con un inocultable rencor.
En ese sentido, Salomón Lerner dice que no podemos permanecer indiferentes ante los peruanos que quieren ser escuchados.

En pos de la reconciliación
El Consejo Nacional de Reparaciones, que preside Sofía Macher, trabaja en la elaboración del registro único de víctimas, instrumento que terminará con la discusión bizantina de si fueron 70 mil, o más, las víctimas de la violencia. Pero más allá de un número, lo importante es que se conocerá con nombre y apellido a aquellos a los que el Estado les debe tanto. Y allí deberán estar el padre de Esther Morales y el esposo de Doris Caqui. Pero se puede hacer más.
Doris dice que se sentiría satisfecha si una de las calles de Cerro de Pasco llevara el nombre de Teófilo, porque así se estaría reconociendo su injusta muerte.
Salomón Lerner dice que reconciliación no se trata de que todos seamos amigos, sino que tengamos derecho a que nos tomen en cuenta y dejarnos hablar.
Y Doris Caqui quiere decir que ha perdonado a los asesinos de su Teófilo, pero que aún espera que sean identificados y le indiquen el lugar donde están los restos de su esposo y terminar con el dolor. Y Esther quiere decir que la justicia sea dura con los criminales y que el Estado no se olvide de ella y su familia. Y a la sociedad, lo que nos toca es escuchar y hacer eco de ese clamor. Como dice el diccionario, reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre varias partes enemistadas.

Quedan muchas manos por estrechar.

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Volver a empezar
1. El gobierno ha destinado 45 millones de soles para el Plan Integral de Reparaciones. Este fondo se dedicará íntegramente a las llamadas reparaciones colectivas. Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN) de la PCM, dice que el reto es administrar bien esos recursos, ya que los diez millones de soles entregados en el 2006 se usaron mal. Obras de desarrollo social como refacción de aulas y postas médicas, se entendieron como reparaciones.

2. Aliaga adelanta que se tiene previsto que las más altas autoridades del Estado cursen una carta o un oficio a las autoridades de las comunidades afectadas, dándoles las satisfacciones del caso por el proceso de violencia padecido. Y si corresponde, pedir disculpas públicas también.

3. En el 2007 se intervendrán unas 400 comunidades que han sido identificadas por el Censo Por la Paz, un instrumento que ha permitido señalar a las poblaciones que han tenido altas tasas de muertes y desapariciones.

4. El gasto se concentrará en Ayacucho, donde se intervendrán 128 comunidades. También en Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Pasco, Ucayali, San Martín, Puno, Cusco. Incluso a algunos pueblos de Lima y Piura.

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